La LOMLOE es una muy mala ley, en todo, sin excepción: no es el momento, no son las formas y no es el contenido.
No es el momento, al tramitar una ley en plena pandemia, entre estados de alarmas, en una situación crítica en lo sanitario y por ende en lo económico. Esto ha hurtado el debate parlamentario, pero también el social. Y si esto en cualquier ley es inadecuado e improcedente, en una nueva ley educativa es imperdonable. Durante los últimos procesos electorales no solo la comunidad educativa, sino el conjunto de la sociedad puso de manifiesto, y así reconocieron entenderlo los diferentes grupos políticos, que era necesario un pacto de estado por la educación y una ley que dotara de estabilidad al sistema educativo tan castigado por las sucesivas leyes partidistas y “provisionales”. Pero esta LOMLOE no es que claramente no haya buscado el consenso, es que ni siquiera ha pretendido el diálogo. Una muestra más, la última, ha sido la decisión de impedir las comparecencias de la comunidad educativa y la sociedad civil en la tramitación parlamentaria.
Pero además la LOMLOE es una vuelta acrítica, casi sin más, a la redacción original de la LOE, catorce años después. Una ley fracasada, que nos llevó a los niveles más bajos en los indicadores internacionales.
Con todo esto, lo peor, lo más grave, es que ataca y restringe las libertades de los ciudadanos y, particularmente, su libertad de enseñanza.
LA LOMLOE CONTRA LA LIBERTAD DE ENSEÑANZA.
El listado de agravios a la libertad de enseñanza es interminable:
- Elimina la demanda social, como aspecto a tener en cuenta en la programación de puestos escolares, lo que lleva a una planificación unilateral y dirigista de la Administración, sin valorar siquiera las opciones y el interés de las familias;
- Se inventa un “derecho a la educación pública”, frente al único reconocido y constitucional derecho a la educación, que cabe garantizar en cualquier plaza de centros sostenidos con fondos públicos, es decir, también en concertados;
- Posterga, aún más, la asignatura de religión, sin alternativas y sin efectos en la evaluación;
- Impone una nueva asignatura de educación en valores cívicos y éticos, como una “educación para la ciudadanía” rediviva, tan cuestionada por su uso como instrumento de adoctrinamiento en la imposición de valores no consensuados ni elegidos por los padres;
- Ataca la educación diferenciada, abocándola a su no financiación con fondos públicos y forzándola a su desaparición como opción pedagógica;
- Vuelve a limitar las funciones de gobierno de los centros concertados y de su titular, con lo que eso conlleva de riesgos a no garantizar o poner frenos al desarrollo del ideario, que esla razón de ser de estos centros y de su financiación con fondos públicos. La incorporación de nuevo del concejal del Ayuntamiento en el Consejo escolar de los centros concertados, solo puede entenderse como la pretensión de la intromisión de un comisario político;
- Insiste en los derechos de la infancia, que nadie cuestiona, pero vira a establecer como garantes a los poderes públicos, y no a los padres, o incluso a los poderes públicos frente a los padres;
- Posibilita la distribución unilateral del alumnado con desventaja social, educativa o económica, por la Administración. Para, supuestamente, evitar la segregación educativa, puede impedir de forma absoluta la libertad de elección de las familias de esos menores, cuando precisamente estos alumnos son los que deberían tener una mayor puntuación para poder elegir preferentemente el centro que consideraran mejor;
- Insiste en la falta de autonomía de los centros;
- Cuestiona la supervivencia de los centros específicos de educación especial, incluso frente a las consideraciones de los profesionales y las familias;
- No garantiza la educación en idioma español.
Elaborado por:
Jesús Muñoz de Priego Alvear
Portavoz “Más plurales”
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